Prestaciones Seguridad Social

A propósito de la edad de jubilación en la Ley 27/2011

"Edad de jubilación"

Medidas que contempla la Ley 27/2011

La Ley contempla una serie de medidas sobre la pensión de jubilación , que afectan a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social y por tanto a los trabajadores y funcionarios del sector público integrados en el Régimen general de la Seguridad Social y a los funcionarios de nuevo ingreso en el régimen especial de funcionarios, al desaparecer para éstos el régimen de Clases Pasivas (RDL 13/2010 de 3 de diciembre). En el caso de los funcionarios encuadrados en clases pasivas, la aplicación o no de los nuevos criterios puede contemplarse en la futura reforma de este régimen.

Edad ordinaria de jubilación

Frente a la edad actual ordinaria de los 65 años, se establece que la edad general en el futuro será 67 años, salvo si el trabajador reúne un periodo de cotización de 38 años y 6 meses. Para ambas edades se contempla una fase transitoria, con el siguiente detalle:

  • – Regla general: 67 años, salvo si tuviera 38 años y 6 meses cotizados, en que podrá seguir siendo a los 65 años. Para el cómputo de los años y meses se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a un año o a un mes las fracciones de los mismos. 
  • – Fase transitoria de la edad y de los 38 años y 6 meses hasta 1 de enero 2027. Se añade 1 mes por año para alcanzar los 67 años, y 3 meses por año para alcanzar los 38 años y 6 meses. Se calcula que el 65% de futuros pensionistas todavía podrá jubilarse a los 65 años en 2027.

El retraso en la edad ordinaria afecta a otras regulaciones, así:

  • – A las bonificaciones por retraso del art. 112 bis de la LGSS y disp. ad. 32.ª de la LGSS, que ahora se remiten a la de 67 años o a la edad que corresponda de acuerdo con las nuevas normas.
  • – Al art. 134.4 de la LGSS: incapacidad permanente al cumplir la edad mínima a que se refiere el art. 161 de la LGSS para la revisión, pero que se extiende también a la declaración, salvo en ciertos supuestos.
  • – Al cálculo de la base reguladora en pensiones de incapacidad permanente derivadas de contingencias comunes, esto es, los años que falten hasta la jubilación -art. 140.1 b) de la LGSS-. Véase el art. 3 de la Ley 27/2011, que modifica el art. 140.1.b) y 4 de la LGSS.
  • – Al subsidio de desempleo de trabajadores de más de 52 años, aunque no se mencione en la Ley 27/2011, pues el art. 216.3 de la LGSS habla de “edad ordinaria”. Con ello basta, sin que sea necesaria su modificación.
  • – Al acceso a la prestación de desempleo. El art. 207 d) de la LGSS habla de la “edad ordinaria” de jubilación. Luego será la edad que corresponda. El recurso a la prestación por desempleo a los 65 años puede relativizar el impacto de la nueva edad ordinaria de jubilación en ciertos supuestos.
  • – A las bonificaciones de mantenimiento de empleo tras los 59 años y que se mantienen hasta los 65, no hasta los 67 o edad ordinaria en su caso, pues ya se habrá alcanzado a los 65 años el 100%. Parte del 50% a los 60 años y aumenta un 10% al año. Tras los 65 años es probable que se siga manteniendo la exoneración.
  • – A la jubilación anticipada y a la jubilación parcial (arts. 161 bis 1 y 2 y art. 166.1. y 2 f) de la LGSS, respectivamente).
  • – Impide una jubilación parcial diferida a partir de los 65 años. Será a los 67 o a la edad que corresponda de jubilación ordinaria.
  • – Al convenio especial de la DAD 31.ª de la LGSS y del art. 51.15 del ET. Donde habla de 65 años habrá que entender la edad que corresponda; y donde habla de 61 años para la anticipada será la de 61 años (jubilación anticipada por crisis) o la de 63 años (jubilación anticipada voluntaria). Ya se está previendo en algunos ERE. Es decir, la obligatoriedad de estipular un convenio especial hasta los 61 años podrá alcanzar ahora hasta los 63 años.

Incentivos al retraso en la edad de jubilación

Respecto a la cuantía futura de la pensión

En la Ley 27/2011 se mantiene el mismo carácter para los incentivos al retraso en la edad de jubilación que corresponda, pero varían los porcentajes aplicables de acuerdo con la siguiente escala:

  • – 2% por año, con menos de 25 años cotizados.
  • – 2,75%, si se tiene entre 25 y 37 años cotizados.
  • – 4%, con más de 37 años cotizados.

En la regulación actual los porcentajes son el 3% de incremento si el trabajador tiene a los 65 años de edad 35 años o más cotizados, el 2% si tiene menos años.

Se mantienen las situaciones anteriores que hayan gozado de las citadas bonificaciones de cotización a 1 de enero de 2013 (nueva disp. trans. 45.ª de la LGSS), aunque los beneficiarios accedan a la pensión con posterioridad a la citada fecha. Es decir, el periodo durante el que se hayan extendido dichas exenciones, aunque ahora pasaran a estar dentro de la edad ordinaria al modificarse ésta, será considerado como cotizado a efectos del cálculo de la pensión.

Bonificaciones en la cotización

Las bonificaciones del art. 112 bis de la LGSS (trabajadores por cuenta ajena) y DAD 32.ª de la LGSS (trabajadores por cuenta propia) no se han modificado.

La nueva edad ordinaria de la jubilación , especialmente cuando se alcancen los 67 años, es precisamente una alternativa al fracaso del retraso voluntario, por lo que difícilmente va a ser exitosa ahora tras los 67 años.

Los requisitos actuales de carencia genérica de 15 años de cotización efectiva no se han modificado, sin aplicación de la tesis de los días-cuota, ni se ha alterado la regulación de la carencia cualificada.

Cálculo de la pensión

Se modifica de manera importante la cuantía futura de las pensiones, al actuar sobre la base reguladora y sobre los porcentajes aplicables a la misma.

Determinación actual de la base reguladora

Se toman en cuenta los últimos 15 años cotizados, 180 meses divididos por 210, los últimos 24 meses en valor nominal y los restantes actualizados según IPC, con prohibición de incremento fraudulento de las bases de cotización.

La regulación contenida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto establece lo siguiente:

  • – Elevación de 15 a 25 años, esto es, 300 meses divididos por 350.
  • – Aplicación gradual y transitoria: 12 meses de incremento por año hasta su aplicación plena el 1 de enero de 2022.
  • – Mismas reglas de cálculo de la base reguladora.
  • – Mismas reglas en cuanto a la prohibición de incrementos fraudulentos de las bases, pese a que se tomen en cuenta las de 25 años.

La nueva manera de calcular la pensión, según la exposición de motivos de la Ley pretende introducir una mayor equidad en el cálculo de las pensiones de jubilación y a la vez contribuir a la sostenibilidad y equilibrio financiero del sistema, ya que al aumentar el periodo de cálculo se incrementa la correspondencia entre cotizaciones y prestaciones. Pero este incremento se aplica progresiva y gradualmente, con un periodo transitorio hasta el año 2022, lo cual neutraliza su impacto en quienes se encuentren actualmente próximos a la edad de jubilación.

La nueva forma de cálculo derivada de la modificación de la base reguladora no afectará a los trabajadores que con carreras largas habitualmente se mueven en la base mínima, ya que ésta se va modificando cada año según el IPC.

Se contempla un supuesto excepcional en el que ya cabe optar por la nueva forma de cálculo sin esperar a que transcurra la fase transitoria. Es una regla para quienes tengan peores años cotizados, bien porque hayan perdido el empleo y el que hayan encontrado después lo sea con salario inferior, bien porque no han vuelto a encontrar trabajo. Recuérdese que durante la percepción del subsidio de desempleo de más de 52 años la base de cotización es sólo el 125% del tope mínimo de cotización (art. 218.3 de la LGSS). Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 28% de los trabajadores sufre estas reducciones de cotización en los 20 años previos a jubilarse .

Así, quienes desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 y desde 1 de enero de 2017  hasta 31 de diciembre de 2021 hayan sufrido a partir de los 55 años por cese involuntario del art. 208.1.1 de la LGSS durante 24 meses una reducción de las bases de cotización, pueden optar por el régimen nuevo sin aplicar periodo transitorio, en caso de que les resulte más favorable: 240/280 en el primer supuesto por 300/350 en el segundo. Es también aplicable a los trabajadores por cuenta propia si ha transcurrido un año después del agotamiento de la prestación de cese de actividad.

Respecto de la forma de calcular la base reguladora en aquellos casos en que el beneficiario no alcance los 25 años cotizados, no se concreta, así que quizá haya que aplicar por analogía lo establecido para la incapacidad permanente en el art. 140.3 de la LGSS para el supuesto en que se exijan bases de cotización inferiores a los 96 meses.

En tales casos la base reguladora se obtiene de forma análoga a la establecida en el apartado anterior, pero computando bases mensuales de cotización en número igual al de meses de que conste el período de cotización y excluyendo, en todo caso, de la actualización, las bases correspondientes a los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo a aquél en que se produzca el hecho causante.

Porcentajes

Éstos también se modifican, al retrasarse la edad a 67 años y exigirse 37 años cotizados para alcanzar el 100% de la pensión. Es decir, al necesitarse dos años más cotizados para alcanzar el 100%, automáticamente ello repercute en toda la escala de los porcentajes aplicables. La reforma ya contemplaba en el Acuerdo de 2 de febrero que se pasaría a un tipo fijo y no por escalones, que es el sistema actual, tal como se recomendaba en la renovación del Pacto de Toledo de 2011. También presenta la novedad de que se computa por meses sin necesidad de completar el año, lo que permite mayor flexibilidad para la elección del momento de la jubilación .

De la comparación entre la regulación actual y la de la Ley 27/2011, resulta lo siguiente:

Regulación actual (art. 163 LGSS) Regulación Ley 27/2011
15 años 50% base reguladora
Más de 15 años hasta 25 3% anual añadido
De 26 a 35 años 2% anual añadido
15 años 50% base reguladora
Más de 15 años se añade:
De 1 a 248 meses 0.19% por mes
Más de 248 meses. 0.18% por mes

Se establecen asimismo reglas transitorias para la aplicación de las nuevas bases y de los nuevos porcentajes:

Durante los años 2013 a 2019. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1y 163, el 0,21 por 100 y por los 83 meses siguientes, el 0,19 por 100.
Durante los años 2020 a 2022. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1y 106, el 0,21 por 100 y por los 146 meses siguientes, el 0,19 por 100.
Durante los años 2023 a 2026. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0,21 por 100 y por los 209 meses siguientes, el 0,19 por 100.
A partir del año 2027. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0,19 por 100 y por los 16 meses siguientes, el 0,18 por 100.

Ello supone la siguiente pérdida de cuantía de pensión en comparación con la situación actual:

Años Actual (%) Ley 27/2011 (%)
15 50 50,0
16 53 52,3
17 56 54,5
18 59 56,8
20 65 61,4
21 68 63,6
22 71 65,9
23 74 68,2
24 77 70,5
25 80 72,7
26 82 75,0
27 84 77,3
28 86 79,5
29 88 81,8
30 90 84,1
31 92 86,4
32 94 88,6
33 96 90.9
34 98 93,2
35 100 95,5
36 100 97,7
37 100 100,0

Los efectos se harán sentir no tanto en los trabajadores que puedan jubilarse hasta el 2027, ya que el 65% de los jubilados en el Régimen general y el 30% del RETA alcanzarán en 2027 los 37 años cotizados, sino en quienes ingresen cada vez más tarde en el mercado de trabajo.

Integración de lagunas

Si bien el concepto de laguna total o parcial no se modifica, sin embargo en la Ley 27/2011 ya no se produce como ahora en todo caso sobre el 100% de la base mínima de mayores de 18 años (art. 162.2. de la LGSS), sino sobre la siguiente escala:

  • – Si en los 36 meses previos al periodo de base reguladora hay meses con cotización por la base mínima, al menos cada mes superior permite integrar un mes con el 100%, no ya de la base mínima   sino de las propias bases de cotización en su cuantía actualizada con el límite máximo de 24 meses.
  • – Los 24 meses de lagunas más próximas al hecho causante: integración con el 100% de la base mínima.
  • – Del 25 mes con lagunas en adelante: se integrarán con el 50% de la base mínima.

Así pues, se mejoran 24 meses de integración de lagunas; otros 24 meses son neutros, es decir, como hasta ahora; y el resto se minora la integración al reducirse a la mitad de la base mínima.

Límites a los complementos para mínimos

  • – No podrán superar las cuantías de las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad permanente, lo cual supone un reforzamiento de su carácter asistencial.
  • – No obstante, no se aplica tal límite a las pensiones que hubieran sido causadas con anterioridad al 1 de enero de 2013.

Cómputos especiales a efectos de la carrera asegurativa y de la pensión de jubilación

Ingreso tardío en el mercado de trabajo y periodos de formación

El retraso en la edad de jubilación y las mayores exigencias de cotización derivadas de los nuevos porcentajes, lleva a que se contemplen medidas especiales para las personas de acceso más tardío al mercado de trabajo por participar en programas de formación. A estos efectos, se computan tales periodos mediante la utilización de la vía de la asimilación del art. 97 de la LGSS. Así, se contemplan:

  • – Los periodos de formación financiada por organismos o entidades públicas o privadas.
  • – Vinculados a estudios universitarios o de FP (incluso en el extranjero).
  • – Que conlleven prestación económica.
  • – Que no den lugar por sí mismos al encuadramiento y alta en la Seguridad Social. Lo que se produciría aun cuando lo fuera a tiempo parcial.
  • – En las condiciones que se determinen reglamentariamente. Debe elaborarse el reglamento en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley.
  • – Previsiblemente la cobertura máxima será de 2 años.
  • – Para los que participen tras la entrada en vigor de la reforma.
  • – Para los anteriores: convenio especial propio para complementar los periodos de 2 años como máximo.
  • – Plazo limitado durante el cual se computarían o se cubrirían durante los 4 años antes de la publicación en el BOE de la reforma.
Beneficios derivados de conciliación de la vida laboral y familiar

Por las mismas razones, se trata de valorar los periodos de desvinculación del mercado de trabajo o de interrupción de la carrera asegurativa por razones de conciliación de la vida laboral y familiar. A tales efectos:

  • – Se da nueva redacción al art. 180 de la LGSS:
  1. · Elevación de 2 a 3 años del otorgamiento de un periodo de ocupación cotizada ficticio en la excedencia por cuidado de hijo o menor acogido. El cómputo de 1 año para la excedencia por cuidado de familiares no se modifica.
  2. · La duración en los supuestos de familia numerosa queda absorbida por la nueva duración común de 3 años.
  3. · No se ha extendido al cómputo de los supuestos de reducción de jornada por idénticas causas, que sigue en 2 años. Se añade, sin embargo, un supuesto nuevo por menor hospitalizado del art. 37.5 tercer párrafo del ET en enfermedades especiales (50%), en coherencia con la modificación introducida en el citado artículo del ET por la Ley 39/2010 de 22 de diciembre.
  4. – Se introduce una nueva disp. ad. 49.ª de la LGSS según la cual se prevé el cómputo como periodo cotizado del de interrupción de la cotización en ciertos casos de extinción de la relación laboral o agotamiento del desempleo entre 9 meses antes del nacimiento de hijo, o 3 meses antes de la adopción o acogimiento y la finalización el sexto año tras esa situación. Según estos criterios:
  5. – A efectos de determinar la edad de jubilación antes de los 67 años se computará como periodo cotizado.
  6. – Se computan 9 meses por cada hijo con el tope acumulado de 2 años.
  7. – Que coincida con la interrupción real de la cotización.
  8. – Sólo lo puede computar uno de los progenitores. En caso de controversia, el disfrute corresponde a la madre.

Estudio para otorgar periodos de cotización a las mujeres por el cuidado de hijos o personas dependientes

De acuerdo con lo previsto en la Recomendación 17.ª del Pacto de Toledo, se procederá a estudiar la posibilidad de computar tales periodos a efectos de la jubilación .

"Reforma pensiones"Consideraciones sobre la reforma

La reforma aborda los problemas futuros del sistema de pensiones desde el ángulo del gasto y no tanto del de los ingresos (sólo hay una vaga referencia directa a que se estudiarán formas alternativas, otras lo son para recomendar incrementar las bases medias de cotización especialmente las de los autónomos, otras mediante el aumento de la cotización por el jubilado parcial) y sin tener en cuenta variables como el crecimiento del PIB, de la productividad y del empleo, al considerarlas inciertas e inseguras en contraposición a la certeza de las demográficas.

También se prevén aumentos de recaudación derivados del encuadramiento obligatorio a partir de 1 de enero de 2013 para los que se den de alta en el RETA en la cobertura de las contingencias profesionales. Pero tales cotizaciones no financian las pensiones de jubilación .

Aunque el objeto de la reforma no es la implantación de medidas laborales directas, salvo las relacionadas con ERES en mayores de 55 años o con la regulación del contrato de relevo, lo cierto es que a diferencia de otros ordenamientos, como el finlandés, no se instrumentan medidas en el cálculo de la pensión de jubilación y en las cotizaciones que fomenten la contratación de trabajadores de edad avanzada, de manera que aumente su tasa de actividad o se prohíban sus despidos en los ERES considerándolos como discriminatorios. Sólo se sigue hablando de medidas de fomento del mantenimiento de los trabajadores de 59 años en adelante, cuya bonificación seguirá alcanzando el 100% a los 65 años. No se ha alterado esta medida en función de la modificación de la edad ordinaria de jubilación . De otra parte, la edad ordinaria nueva de la jubilación , especialmente cuando alcance los 67 años, es precisamente una alternativa al fracaso de los programas e incentivos al retraso voluntario, por lo que difícilmente va a ser exitosa ahora tras los 67 años o la edad de jubilación que corresponda (los 65 años o la edad que corresponda de acuerdo con la fase transitoria).

El objetivo de la reforma es reducir el gasto en las futuras pensiones de jubilación del régimen general y de los regímenes especiales. No afecta al parecer, de momento, a los regímenes especiales de funcionarios actuales, pero sí a los nuevos funcionarios que ingresen tras el RDL 13/2010 de 3 de diciembre, pues en su caso ya no se encuadrarán en relación con la pensión de jubilación en el sistema de clases pasivas sino en el régimen general. No obstante, se han formulado ya propuestas de extender las líneas de la reforma también a los regímenes de clases pasivas vigentes.

Ello se consigue en primer lugar a través del retraso de la edad de jubilación a los 67 años, teniendo en cuenta los datos demográficos de esperanza de vida. Mediante un reforzamiento de la contributividad se trata de evitar que el sistema de Seguridad Social entre en déficit y tenga que acudir a una financiación fiscal, con lo que ello puede suponer para el déficit público y la deuda pública, como si este problema debiera seguir inexorablemente como ahora a partir de 2027. El Libro Verde da pautas en este sentido, pero que afectan a los países de nuestro entorno, en los que coincide la crisis económica y financiera con los procesos demográficos de envejecimiento. Pero al extenderse ya a todos, ha adquirido un valor teórico y económico general en sí mismo, sea cual sea la forma de financiación de los sistemas públicos de Seguridad Social.

También se plantea si la nueva forma de cálculo de la pensión al alargar la base reguladora desde los 15 hasta los 25 años y a través de la aplicación de nuevos porcentajes tiene por finalidad, además de conseguir mayor equidad, reducir el gasto.

Aunque puede haber dificultades para estimar el alcance del recorte, pues depende de la evolución de los salarios y de las carreras de seguro del trabajador, algunas estimaciones valoran que por cada año que se retrase el cálculo de la base, la pensión media se verá reducida en un 1% por año. A ello hay que añadir lo que suponen los nuevos porcentajes, si se comparan con los actuales. De otra parte, al retrasarse 2 años la jubilación , se produce también un recorte -en este caso virtual- de los años teóricos de percepción de la pensión, lo que afecta más gravemente a los trabajadores con menores salarios y peores puestos de trabajo, cuya esperanza de vida es estadísticamente menor.

Es cierto que la Ley 27/2011, al adoptar 25 años para el cálculo de la base reguladora, puede evitar los perjuicios que sufrían hasta ahora los trabajadores que hubieran perdido su empleo a partir de los 50 años, se hubieran mantenido como perceptores de prestaciones de desempleo, especialmente del subsidio de más de 52 años, o hubieran encontrado trabajo con salarios inferiores o se hubieran encontrado en situación de desempleo sin prestaciones. Sus bases, al tomar los últimos 15 años, podían ser bajas y poco representativas en comparación con las que tuvieron a lo largo de su vida laboral anterior. La reforma les beneficia e incluso les permite en ciertas circunstancias y casos, si reúnen determinados requisitos, optar por la aplicación de las nuevas medidas. Tal colectivo de trabajadores supone un porcentaje del 28%. El resto, en cambio, puede ver perjudicada la cuantía de su pensión por la elevación de 15 a 25 los años a tomar en consideración para la determinación de la base reguladora. Y también puede producirse una cierta merma de pensión por la nueva forma de computar la integración de lagunas, si éstas superan los 48 meses.

Además, hay que tener en cuenta que en función de tales datos, en 2027 cabe la revisión de la edad y de la base reguladora que se acaba de fijar para dicho año en razón de lo que la Ley 27/2011 llama “factor de sostenibilidad”. Es decir, se plantea una posible revisión de los citados parámetros del sistema a partir de 2027 en función de dos elementos:

  • – El mantenimiento de la proporcionalidad entre contribuciones al sistema y prestaciones.
  • – Las diferencias en la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en 2027 y en el año en que se produzca la revisión. De ahí que se contemplen revisiones cada 5 años de las citadas variables y parámetros para calcular la pensión, al ir ya definitivamente ligadas únicamente a las previsiones demográficas.

Por otra parte, no se precisa la forma de calcular la base reguladora en aquellos casos en que el beneficiario no alcance los 25 años cotizados.

De otra parte, la modificación de la edad ordinaria de jubilación ha traído consigo la modificación de todas aquellas referencias a la edad de 65 años contenidas en la LGSS, no siendo necesario modificar, en cambio, aquellas otras en que no se especifica tal edad sino que simplemente se habla de “edad ordinaria de jubilación “.

El retraso en la edad de jubilación ha llevado también a prever el problema del ingreso más tardío en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes por llevar a cabo acciones formativas, por lo que se contempla un cómputo especial, limitado, de tales periodos. Quizás resulte criticable que se limite a periodos de formación futuros y a los que se encuentren en los 4 años anteriores a la publicación de la ley en el BOE. Tratándose de una cotización que lleva a cabo el joven a su cargo mediante un convenio especial, no se entiende por qué ha de aplicarse de una manera tan restrictiva. La Seguridad Social ha sido, en cambio, más generosa en otros supuestos de integración.

La adopción de estas medidas, que suponen un endurecimiento en los aspectos esenciales (aunque también se compensan con mejoras en otros), obedece a la presión existente en estos momentos desde muchos ámbitos para implementar ahora una reforma de las pensiones que de todos modos se hubiera tenido que abordar más adelante. Y los sindicatos firmantes del Acuerdo no han podido sustraerse a esta presión impuesta por la Unión Europea (Libro Verde) y también por la renovación del Pacto de Toledo. Escoger el momento actual se debe también a la conveniencia de dar a conocer las líneas maestras por las que se va a mover la evolución de las pensiones para las cohortes que se jubilen a partir de 2027, de manera que aunque se encuentren todavía lejos de la jubilación , puedan prever y actuar con arreglo a tales parámetros. La mayor dificultad para alcanzar una pensión equiparable en cuantía para los que se jubilen después de 2027, puede incentivar un mayor desarrollo de los niveles complementarios. No obstante, la modificación en el futuro de las bases de cotización de algunos colectivos, como los autónomos, que hasta ahora han podido maniobrar mejor con lo que obtenían de la pensión pública dejando margen para niveles privados, en cambio puede operar en sentido contrario. En todo caso la modificación de la edad, de la base reguladora y de la escala impedirá como ahora sucede que la mayoría de los autónomos se jubilen muy favorablemente con carreras cortas y con la base mínima (el 70% del colectivo).

Respecto a la cobertura de lagunas, en la Ley 27/2011 los 24 primeros meses de laguna se cubren por cotizaciones propias actualizadas del trabajador, los segundos 24 meses por el 100% de la base mínima del Régimen General y el resto por el 50% de la base mínima. Este sistema puede perjudicar a aquellos colectivos con más dificultades, como las mujeres, para compatibilizar la vida personal y profesional, y que concentran mayores lagunas de cotización. Si se ampliara de 15 a 25 los años para determinar la base reguladora, las probabilidades de que existan lagunas se multiplican. Se propone que los segundos 24 meses se cubran por el 100% de la base mínima vigente en la fecha de jubilación y el resto también por el 100% de la base mínima, en este caso, vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad que se integra. Se mitiga el efecto penalizador, entendiendo que es excesivamente gravoso considerar el 50% de la base mínima.

Si bien procede aceptar la conveniencia de permanecer más tiempo en activo en aquellos sectores que así lo permitan y cuando así lo deseen los beneficiarios, lo cierto es que el deseado equilibrio ingresos-gastos podría lograrse a través de otras vías. A saber, la limitación de los mecanismos de jubilación anticipada, la prohibición del recurso a la prejubilación en empresas con beneficios, la modificación más flexible de condiciones y lugar de trabajo para evitar riesgos laborales por razón de edad, o el fomento de la jornada flexible en los últimos años de vida laboral. Todo ello permitiría aproximar la edad real de jubilación a la edad legal sin necesidad de imponer un incremento generalizado de esta última. Por lo demás, las carreras amplias de cotización hoy existentes devendrán de difícil consecución en un futuro basado en empleo precario, temporal, a tiempo parcial y con interrupciones constantes, bien por desempleo bien por la necesidad de conciliar la vida personal y la profesional.

Por su parte, la cuantía de la pensión se verá reducida en el futuro tanto por las variaciones operadas sobre la base reguladora como por la alteración de los porcentajes. Se ha huido del incremento de las bases de cotización para no gravar una coyuntura económica tan desfavorable como la actual y se han despreciado otros cauces como el control y la penalización de la economía sumergida que servirían para incrementar los recursos del sistema. Pero además, podía haberse suavizado el impacto de esta medida mediante algunos elementos relativizadores, tales como la posibilidad de optar por las bases de cotización más altas durante la vida laboral para el cálculo de la pensión, o la consideración especial en el cálculo de quienes en sus últimos años de actividad se hallan en desempleo, o el retorno al cómputo como días cotizados del trabajo a tiempo parcial, beneficiando así a mujeres y jóvenes, o la equiparación entre regímenes de la Seguridad Social toda vez que algunos, por ejemplo el de autónomos, puede elegir las bases y tipo de cotización, no así el resto.

Si se tiene en cuenta que la nueva organización del trabajo, con avances tecnológicos y con variables económicas de interés, perfila una sociedad laboral bien distinta, una solución tan uniforme como la propuesta por la Unión Europea no parece la más idónea. A partir de ahora la carrera profesional y de cotización de los trabajadores no será homogénea como viene siendo en la actualidad. La alternancia entre períodos de trabajo, de formación, de tiempo parcial, de desempleo, de descanso es ya una realidad incuestionable, lo que desplaza irremisiblemente al empleo permanente clásico. Las carreras se verán reducidas y difícilmente conseguirán superar los treinta años de actividad, las perspectivas de proseguir una carrera profesional declinarán antes, la seguridad en el empleo cederá ante fenómenos como la temporalidad o la precariedad, la necesidad de optar por empleos parciales por necesidades vitales o familiares se impondrá. De ahí que la solución no pase por elevar la edad de jubilación en uno, dos, cinco o diez años sino por permitir un ajuste individual de la misma a las circunstancias personales, profesionales, sociales, económicas o culturales de cada individuo.

Flexibilidad y no rigidez

En un sistema flexible, la edad legal de jubilación se convierte en una referencia general, a partir de la cual se incluye una gama amplia de posibles edades de jubilación . Y, aun cuando un sistema flexible no sea sinónimo de una jubilación flexible o parcial, ésta se antoja también como una posible solución de interés tanto para el empleador como para el empleado. Para el primero, por varias razones, a saber: porque se reduce considerablemente el coste de la hora pues está demostrado que la productividad por hora crece en un empleado cuando éste pasa de trabajar a tiempo completo a hacerlo a tiempo parcial; reduce el absentismo, tan generalizado al final de las carreras; mantiene la experiencia de los trabajadores a los que ha ido formando, evitando así la fuga de recursos a otras empresas, sobre todo si se trata de trabajadores cualificados o aprovechando la traslación de conocimientos a los nuevos trabajadores que se incorporan. Para el segundo, porque le permite mantener su utilidad profesional o social.

Conclusión

Finalmente, una vez iniciada la senda de la reforma y las líneas trazadas por la misma se acaba de este modo trazando una hoja de ruta que difícilmente va a poderse cambiar en el futuro. Es más, puede que se profundicen todavía más los aspectos relacionados con la cuestión del gasto en pensiones, caso de entenderse como insuficiente el esfuerzo y los sacrificios realizados por esta reforma para salvar el sistema público. Y que se vuelva a replantear en el futuro la cuestión de la edad y de la cuantía de las pensiones a través de la forma de determinar la base reguladora de la pensión.

Buenas noches y feliz día

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  1. hola Almaes, feliz año nuevo , te deseo lo mejor para este recien estrenado año.
    hace un tiempo te realicé unas consultas sobre el subsidio de mayores de 52 años , que me respondiste muy satisfactoriamente.
    el caso es que el otro día jugando con el programa de cálculo de pensiones de la seguridad social, al introducirle todos los datos de cotización, para mi sorpresa me indicó que podria tener derecho a dos pensiones por haber cotizado en el régimen de autónomos y en el general de la seguridad social ,en cada uno de ellos mas de 15 años, pues bien por mas que busco y rebusco como se compatibilizarían esas dos pensiones , no soy capaz de encontrar la formula que las calcula, entiendo que cuando el programa indica que hay derecho a dos pensiones es que es mas ventajoso que sumar todos los años de cotizacion para una sola pension , pero no soy capaz de ver la forma de calcularlas ,se que para las pensiones generadas en distintos paises existe una especie de prorrateo pero no se si es aplicable en España ni la forma en que se realiza, así que si me haces el favor de esplicarme o dirigirme a algun texto donde se indique como se realiza te estaría eternamente agradecido (no es por una necesidad apremiante , solo es que me gusta entender las cosas y esto me tiene muy intrigado).
    sin mas recibe un afectuoso saludo de juan cruz

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  2. Buenas noches visent,
    Feliz 2012 igualmente para ti.
    Durante la percepción del subsidio para mayores de 52 años, la entidad gestora cotiza por la contingencia de jubilación aunque aplica un 125% de la cotización mínima. Al llegar a la edad de jubilación y calcularte tu base reguladora para la pensión, estos dos últimos años cotizando por el mínimo te minoran la pensión. Para evitarlo es conveniente suscribir el convenio aunque lógicamente no es obligatorio. Si no solicitas el subsidio pero estás registrado en el Inem y tienes una cotización de 30 años o más podrías jubilarte igualmente pero si no cotizas se te disminuiría mucho más la base reguladora de tu futura pensión de jubilación. Ya sabes, puedes solicitar el subsidio y suscribir o no suscribir el convenio. Para cotizar por 1700€ se te iría la mayor parte del subsidio en las cuotas a pagar del convenio pero mantendrías tu nivel de cotización hasta la jubilación.
    Un cordial saludo visent

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