Economía

Un efecto positivo de la economía sumergida

En España no existen estudios oficiales que puedan dar un porcentaje cierto de lo que representa la economía sumergida. Sí que existen diferentes informes que señalan que el fraude se sitúa entre el 20% y el 25% del producto interior bruto (PIB), porcentajes que duplican la media de la Unión Europea.

Con el estallido de la crisis, el problema se ha agudizado. El motivo, la mala coyuntura que atraviesa nuestro país. Es cierto que el pueblo español está adormilado, como inerte, vacío, asqueado de sus políticos, harto de sus mentiras y de sus dispendios mientras los trabajadores están sufriendo un desempleo tan dramático como injusto. Que muchas empresas han cerrado y siguen cerrando por carecer de la financiación necesaria o, porque sus ventas, debido a la disminución del consumo interno, han bajado. Sin embargo, de todos los efectos negativos que produce la economía sumergida, que son muchos, y sobre los que los diferentes gobiernos no han actuado nunca de una manera firme y decisiva, hay uno positivo, porque positivo es que la gente pueda al menos comer. 

Si la economía sumergida no hubiera aumentado durante estos últimos años, la situación de desorden y caos generalizado entre la población desempleada que no tuviera protección por desempleo, subsidio o cualquier otro tipo de ayuda habría sido de echarse a temblar. Sin olvidar los dramas que viven a diario personas que no son noticia en los medios, y que tampoco encuentran refugio en la economía sumergida.Efecto positivo de la economía sumergida

 

¿Pero qué es la economía sumergida?

Se puede entender como un intercambio de bienes y servicios que no está controlado fiscalmente y se registra, en mayor o menor medida, en casi todos los países del mundo. El porcentaje de ciudadanos que obtiene ingresos en “dinero negro” ha aumentado con la crisis, no sólo mediante relaciones laborales, sino también en la compraventa de artículos como la vivienda. Para un gran número de trabajadores, la única manera de encontrar un empleo es recurrir a labores no declaradas y que no se ajustan a los requerimientos normativos. De este modo consiguen unos ingresos que les ayudan a llegar a fin de mes. Otras veces son los contratantes quienes restan derechos a los empleados y les obligan a recibir parte o la totalidad de su salario “en sobres” para no tener que declararlo a Hacienda, ni darles de alta en la Seguridad Social. Incluso, en ocasiones, son los consumidores o usuarios de un servicio quienes piden que el trabajo se realice sin factura para ahorrarse el porcentaje destinado al IVA. Es muy diferente actuar por necesidad que aprovecharse de las circunstancias y obligar a los empleados a trabajar en precario, pero la economía sumergida provoca unos efectos negativos directos; tanto en los trabajadores como en las empresas y en la sociedad en general.

 

Consecuencias para los trabajadores

Aunque en España el trabajo no declarado ha sido frecuente, la crisis ha favorecido que cada vez más personas recurran a la economía sumergida para ganar un salario. A menudo, es el único dinero que entra en casa o el complemento de sueldos y subsidios de escasa cuantía. Sin embargo, a largo plazo, supone el acceso a un círculo vicioso que conlleva una precarización de la vida laboral y personal, además de un aumento de los índices de pobreza.

Trabajar sin contrato genera una gran desprotección en todos los ámbitos: social, médico, económico o laboral. El hecho de tener un accidente que impida al empleado desempeñar su labor, condena a pasar un tiempo sin percibir ningún tipo de ingreso por baja, al carecer de coberturas ante un siniestro. Si falleciera sin haber cotizado a la Seguridad Social el tiempo establecido, su cónyuge tampoco tendría una pensión de viudedad. Ni siquiera recibiría dinero si cayera enfermo y no pudiera acudir a su centro laboral, un derecho que tienen el resto de los trabajadores.

En caso de despido, el empleado tampoco tiene por qué percibir una indemnización del empresario ya que no está contratado de manera legal. Otro de los inconvenientes con el que se encuentran quienes están en paro y, aunque han trabajado, no han cotizado a la Seguridad Social, es que no tienen derecho a cobrar una prestación o subsidio por desempleo. Si el trabajador tiene contrato pero ha cobrado “en negro” una parte de sus horas, éstas tampoco se computan para conseguir una cantidad más elevada de paro. De la misma manera, si en una inspección laboral se descubren trabajos no declarados, es posible una sanción y la retirada de la prestación o el subsidio que se perciba.

 

Deterioro de las condiciones laborales

Los efectos negativos de la economía sumergida también se notan al cobrar la pensión por jubilación. Quienes hayan cotizado menos tiempo del estipulado, no tendrán derecho a recibir esta renta, que disminuirá para quienes hayan realizado trabajos de espaldas a la normativa durante periodos largos. El trabajador que haya cotizado por media jornada -aunque realizara la jornada completa- o quien haya sido contratado con una categoría inferior a la que después desempeñara, también será perjudicado de manera grave.

Un empleado sin contrato sufre un grave deterioro en sus condiciones laborales al carecer de los mínimos derechos, como seguridad, vacaciones u horario. Cuando se trabaja de este modo, todo queda a merced de la persona que le contrata, que puede obrar como lo desee respecto a las condiciones: pagar con retraso, abonar una cantidad menor de lo acordado o modificar las cláusulas laborales. La confianza mutua entre trabajador y empresario es el único contrato que rige.

Esta situación redunda en la dificultad de conseguir un trabajo legal, porque es frecuente que la propia vida laboral permita cambiar a un empleo mejor. Sin un currículum que acredite la experiencia es más difícil dar el salto. Cuando el nuevo empleo es en la Administración pública, por medio de concursos o bolsas de empleo, la situación es más complicada. De igual manera, la formación que reciben los trabajadores a través de las organizaciones sindicales o empresariales sólo está al alcance de los empleados legales.

 

Cómo influye en las empresas

 

Con frecuencia, quienes contratan a personas “sin papeles” se benefician de unos elevados ingresos, un trabajo cualificado y muy pocos gastos, porque se ahorran todos los costes que suponen a otros empleadores las cotizaciones que pagan cada mes por las personas que les prestan sus servicios. Sin embargo, las empresas también son imagen de cara al exterior, y la proyectada por quienes no cumplen con sus obligaciones legales no es buena. El prestigio es uno de los aspectos que impulsa el crecimiento de los negocios y con la explotación laboral se consigue dinero, pero no una buena reputación. Las empresas que despojan de sus derechos a los trabajadores pueden ser descubiertas en las inspecciones laborales y fiscales. Cuando esto ocurre, se imponen graves sanciones.

Las compañías que operan de esta manera tienen mayores dificultades para consolidarse en el mercado y pervivir a lo largo del tiempo. Otro de los efectos negativos para los negocios defraudadores es su dificultad para acceder a subvenciones públicas u otro tipo de inversiones, ya que para ello tienen que aportar una documentación que podría desenmascararles.

En el otro extremo destacan las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y con los trabajadores, las más perjudicadas por quienes operan en la economía sumergida. Además de sufrir una competencia desleal -pueden hacer el trabajo más barato al no cobrar el IVA o no pagar la Seguridad Social de sus empleados- crece la carga fiscal a la que deben hacer frente los negocios legales.

 

Consecuencias para el consumidor y la sociedad

Es frecuente contratar a personas para que realicen trabajos en la vivienda -carpintería, pintura, instalaciones- o en el vehículo -arreglos del motor, mejora de prestaciones- y pedir que el cobro no implique la emisión de una factura. También puede suceder al contrario y que sea el trabajador o la empresa quienes sugieran tal posibilidad. En un primer momento, el consumidor puede pensar que se ahorra dinero, pero lo cierto es que al obrar de este modo recorta sus propios derechos. Si desea reclamar, sin la factura no es posible, puesto que no hay garantía para los productos o servicios contratados al margen de la ley.

Los efectos que para la sociedad en general tiene la economía sumergida son también muy negativos. Una de las consecuencias es la reducción de los impuestos recaudados. Si un empresario no da de alta al trabajador o éste cotiza por un número de horas menor y cobra una cantidad “en negro”, deja de pagar un porcentaje que permite el sostenimiento del Estado del bienestar. La recaudación del IVA también se reduce si empleados o compañías hacen desaparecer este impuesto de sus facturas. Todo ello repercute de manera negativa en la posibilidad de realizar infraestructuras, dar servicios o pagar subsidios.

La economía sumergida no contribuye a sostener los gastos, pero estos trabajadores sí disfrutan de los servicios que ofrece el Estado, las comunidades autónomas o la administración local: acuden a la sanidad pública, transitan por las carreteras, asisten a colegios y bibliotecas. Restan calidad de vida a quienes contribuyen a mantener estos servicios e incluso les quitan la posibilidad de acceder a ellos. Esto supone una desincentivación de los comportamientos responsables. Las personas y empresas que actúan de manera adecuada, pagan el IVA de sus productos y cotizan a la Seguridad Social en sus trabajos, pueden plantearse proceder de igual modo.

Todo ello es, a su vez, una distorsión de los índices macroeconómicos y de las políticas sociales y económicas que se basan en ellos. Las tasas de desempleo o los accidentes laborales no son reales porque, al no tener en cuenta el trabajo realizado en la economía sumergida, no es posible cuantificar qué sucede de verdad. El riesgo de pobreza extrema es mayor en los países donde abunda el trabajo en precario. Al no tener ningún respaldo del sistema -ya sea en forma de subsidios de desempleo, pensiones por jubilación o viudedad, bajas laborales, etc.- el trabajador, ante un largo periodo sin trabajo, puede verse abocado a la exclusión social.

 

Los países con elevados índices de economía sumergida podrían soportar mejor los efectos de la crisis, según un informe realizado por Deutsche Bank y publicado en Financial Times. Los estados más honrados, en los que apenas circula dinero negro y donde los ciudadanos pagan sus impuestos, también tienen más fácil la salida de la recesión económica; Holanda, Austria y Francia se encuentran en este grupo. Pero es necesario estar en uno de estos extremos para que los efectos sean positivos. Aunque, volviendo al principio del post, en estos momentos, sí que hay un efecto positivo de la economía sumergida como lo es el poder subsistir dignamente.

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