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Registro Civil; carta abierta a la ciudadanía

"registro civil; carta abierta a la ciudadanía"

A escasos tres meses de la entrega a los registradores mercantiles de la gestión de los Registros Civiles, la acción conjunta de los funcionarios judiciales destinados en los Registros Civiles de toda España ha trasladado a la actualidad informativa, nuevamente, el futuro del Registro Civil como servicio público, su gratuidad y la necesaria cercanía a los ciudadanos y a sus domicilios.

Los intereses encontrados de los participes en el debate siguen sin encontrar elementos que permitan aunar voluntades para lograr el fin al que deben dirigirse: dotar a la ciudadanía de un sistema de información y de publicidad relativo a las personas, su estado civil y demás circunstancias a las que se refieren las leyes.

Desde muy diferentes ámbitos se esta trasladando a la ciudadanía verdades a medias cuando no clamorosas falsedades.

Se dice que los registros civiles están colapsados y que producen un sentimiento de frustración entre los ciudadanos. Pero nadie dice, comenta o explica que el responsable de tomar la decisión de establecer un números clausus de asistencia por día y/o procedimiento en y ante un “registro público” es el Encargado de ese Registro Civil, a saber el Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia que por Ley tiene encomendada esa función, cargo y actividad.

Todos hablan del Registro Civil como de un “totum revolutum”, sin precisar, concretar ni analizar la totalidad de la función encomendada a aquéllos. Los órganos de la administración del Estado que se ocupan de controlar la eficacia de los servicios que se prestan a los ciudadanos hablan de niveles de eficiencia funcional y de aceptación de la ciudadanía muy por encima de la media de las demás administraciones.

El informe de 2014 del Defensor del Pueblo pone claramente de manifiesto que las quejas relativas a los Registro Civiles obedecen a la falta de medios personales y materiales de que adolecen los Juzgados y Tribunales en los que están incardinados, y a la dilación en los trámites de Nacionalidad por Residencia – dilación que no procede de los Registros civiles, sino de los tramites posteriores ante la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la entrevista ante la Policía-.

Nadie dice, comenta o explica que los responsables de las interminables colas, del excesivo tiempo de permanencia en sus dependencias, el déficit –cuando no la ausencia- de personal y de medios mínimamente aceptables no es sólo del Ministro de Justicia o del Consejero autonómico de turno, sino el conjunto de los representantes elegidos por los ciudadanos, en sus diversos niveles local, autonómico y estatal.

Y lo son, de una parte por su manifiesta y demostrada incapacidad e incompetencia desde la proclamación de la Constitución –para que irnos más lejos-, ya que no han sido capaces de instar y, en su caso, ordenar la mejora de un servicio publico que data de 1.870 y adaptarlo a las necesidades que la realidad nacional necesita y demanda. Y de otra, por su inacción continuada pese a los miles de folios que integran cientos de informes patrocinados y firmados por ellos y sus organizaciones políticas, en donde se afirma el anacronismo de la situación de los registros civiles y su espiral ascendente de carencias, limitaciones e inoperancia.

Nadie dice, comenta o explica las razones que han llevado a que una Ley aprobada en el seno de la soberanía popular y publicada en el BOE se haya dejado en un cajón por mor de que el gobierno de turno no fue su patrocinador en la pasada legislatura.

El hecho de que se encontrara en “vacatio legis” no justifica no haber trabajado en su desarrollo, concreción…. Es decir, haber cumplido con el mandato de la Ley.

La vacatio tampoco justifica la ausencia de control al ejecutivo por aquello que no hacía: cumplir con la Ley. Ni en sede de la soberanía nacional, ni en las asambleas de las CCAA, ni en las corporaciones locales, se ha dicho o hecho nada al respecto, cuando la Ley expresamente lo preveía en su DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Régimen jurídico de los Encargados de la Oficina Central del Registro Civil y de las Oficinas Generales del Registro Civil., en relación con la DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas en materia de Registro Civil.

Tres años después -verano de 2014- la mayoría absoluta del PP ante la representación de la soberanía nacional derogó esas disposiciones adicionales para permitir a los Registradores Mercantiles ser los encargados del Registro Civil.

Se habla de los Registradores como Funcionarios Públicos y por ende capaces jurídicamente de asumir las funciones y competencias determinadas en la Ley como Encargados.

Desde muchos sectores se ha trasladado la evidencia de que no son funcionarios públicos, sino meros gestores de una actividad pública, arbitrada, autorizada y controlada por el Estado.

Desde la PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL entendemos, de una parte, que si fueran funcionarios públicos su actividad estaría sujeta a las normas que el ordenamiento jurídico ha otorgado para regular las relaciones ordinarias de la administración con sus ciudadanos, y no la Ley Hipotecaria.

De otra, que si fueran funcionarios públicos su actividad, establecimiento y gestión estaría sujeta a los Presupuestos Generales del Estado y el de las CC.AA., en su caso, y no a los laberintos contables propios y legítimos de cualquier entidad privada sujeta a derecho mercantil.

Y finalmente, que si fueran funcionarios públicos los ingresos que genera su actividad serían 100% ingresos del Estado y no como ocurre ahora que a estos se detrae los gastos de su personal, de sus locales, de sus oficinas, de sus gastos deducibles……. Para al final remitir, a las arcas de la Hacienda Pública, un exiguo porcentaje de lo recaudado.

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Nadie dice, comenta o explica cómo y de qué manera se van a reducir los espacios físicos donde los ciudadanos puedan ejercitar su derecho a la información registral.

La legislación actual dispone que en todos los partidos judiciales –y en su cabecera- existirá un Juez de Primera Instancia que realizará las funciones de Encargado del Registro Civil. En total 411 localidades servidas por Jueces de Primera Instancia con funciones como Encargados de los Registros Civiles. De él dependen –a efectos del Registro Civil- todos los Juzgados de Paz de dicho Partido. En dichos Juzgados de Paz se desarrollan funciones de Registro Civil y de auxilio registral. En total 7.463 Juzgados de Paz con funciones y competencias en materia de registro civil.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil reducía estas cifras a un máximo de 313 oficinas generales (más las que se generarán en las Islas) y determinaba que los ciudadanos podrían instar trámites registrales en los 7.463 Juzgados de Paz.

El decreto de 2014 reduce a 62 localidades donde los ciudadanos podrán ejercer su derecho a la información registral (un Registro Mercantil en cada capital de provincia y además existen Registros Mercantiles en las ciudades de Ceuta, Melilla, Eivissa, Maó, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde y Santiago de Compostela).

Se dice que la digitalización y la informatización del Registro Civil eliminará la presencia física de los ciudadanos en sus dependencias, lo que no se comenta ni explica es que de una parte, y como consecuencia de la eliminación de los Jueces –desjudicialización- de funciones y competencias respecto de las actividades registrales, el nuevo Registro Civil deja de desarrollar funciones y actividades que siguen siendo jurisdiccionales y por ende se someterán al régimen de gestión y reparto para ante los Juzgados de Primera Instancia y, de otra, en su caso, al abono de tasas judiciales para lo que hasta hoy es gratis.

Nadie habla de los sistemas, procesos y procedimientos de acceso al Registro Civil; de los nuevos y diferentes tipos de certificaciones –y en consecuencia de sus costes-; de la reducción de los plazos para los obligados a declarar y/o comunicar ante el nuevo Registro hechos que deben ser anotados en el mismo.

Nadie menciona que los libros no digitalizados (y los que ya lo están) son de uso, no sólo habitual, sino diario. Se expiden certificaciones, se efectúan e inscriben notas de referencia…

No se habla, ni se comenta, ni se explica cómo es posible que el patrimonio material e inmaterial, tangible e intangible que es el Registro Civil se dé GRATIS a los Registradores Mercantiles. El dinero público invertido por el Estado, las CC.AA y las Corporaciones Locales, por todos los ciudadanos, desde 1870, se entrega sin contraprestación alguna a cambio de que algunas de las funciones registrales se realizarán sin cobrar. De las otras, nadie habla.

Nadie dice, comenta o explica el déficit actual de digitalización de los Registros civiles, ni la incapacidad técnica de utilizar la existente hoy en beneficio de una gestión más ágil y eficiente de los recursos actuales. Menos aun se dice, comenta o explica la ausencia de elementos informáticos tan normales en el mundo actual como escáner, ordenadores e impresoras adecuados a la función, o la existencia de una página web que reúna información válida e idéntica para todos los ciudadanos, cualquiera que sea el ámbito territorial donde deseen ejercer sus derechos.

Afirman que la digitalización es completa desde 1.950, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de los registros civiles de las poblaciones donde no hay Juez de Primera Instancia (el 80% del total s.e.u.o) no sólo no se han digitalizado los Libros del Registro Civil, sino que en una gran mayoría ni siquiera pueden utilizar los sistemas y programas informáticos que están operativos en la Cabeza de Partido Judicial al que pertenecen.

Nadie dice, comenta o explica cómo se han desarrollado, ejecutado y justificado las encomiendas de gestión otorgadas a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Aun cuando se trata de dinero público, toda la información referida a estas Encomiendas está presidida por el oscurantismo más absoluto y por la inercia de no preguntar.

El atasco vs. parón de más de doscientas mil solicitudes de nacionalidad por residencia ante la Dirección General de los Registros y del Notariado evidencia no sólo sus carencias, sino el hecho de que hasta que no este desembolsado el importe de la tercera encomienda de gestión nadie en esa Dirección General, y por ende en el Ministerio de Justicia, moverá un dedo.

Eso sí, culminado el trabajo –reparto del dinero incluido- remitirán a los Registros Civiles todas y cada una de aquellas con el consiguiente ‘efecto embudo’ ya que no habrá variado ni un ápice la situación de partida y nos encontraremos con miles de ciudadanos exigiendo la celeridad que hasta ese momento no han tenido ni en la Dirección General de los Registros y del Notariado ni en los Registros de la Propiedad y Mercantiles –llevaran un promedio de dos años de espera desde que iniciaron el procedimiento-.

En ese momento tendremos a los medios de comunicación, la Defensora del Pueblo, al Excmo. Sr. Ministro y a las asociaciones de inmigrantes… para constatar que los Registros están sobrecargados y para protestar. Y tendrán razón.

Nadie dice, comenta o explica cómo y de qué manera se van a producir la declaración de los obligados legales respecto de los hechos registrales.

Respecto a los nacimientos se pretende que los centros sanitarios lo  comuniquen al Registro Civil de la provincia por vía telemática.

Dejando a un lado que la sanidad se encuentra transferida a todas y cada una de las CC.AA. y que sólo a ellas compete la gestión y utilización de procesos informáticos seguros y que garanticen la confidencialidad de las historias clínicas, los centros sanitarios sólo podrán comunicar lo que comunican hoy: que ese establecimiento, un día a una hora, se ha asistido al parto de una mujer determinada, siendo el sexo del nacido varón/mujer; parto que ha sido asistido por el facultativo – médico o matrona- colegiado número; firmado en la localidad, el día/mes/año.

Lo que no podrá comunicar el centro sanitario es la identidad del/a progenitor/a, ya que ese extremo no se desprende del parto, que es de lo único que debe y puede declarar.

La determinación de la filiación no es anecdótica ya que determina el origen y los vínculos familiares y sociales del nacido y por ende sus derechos de presente y de futuro.

El sistema español parte de cuatro principios.

􀁸 ‘Mater Semper certa est’ (la madre siempre es cierta), la ‘presunción legal de la filiación matrimonial’ a favor del esposo/marido –con un proceso tasado para destruir legalmente dicha presunción-, el reconocimiento mutuo de paternidady la aplicación de la ley personal a los extranjeros.

Los centros sanitarios no sólo no tienen capacidad para dar esta información al Registro Civil, sino que carecen de la competencia o atribuciones para solicitársela a la madre –su paciente-, ni antes, durante o después del parto. Y por supuesto, nadie puede hablar en nombre de ella alegando parentesco, afinidad o proximidad…..

En consecuencia los registros civiles, ¿Cómo van a hacerlo?

¿Van a inscribir a los niños sólo con filiación materna y a posteriori –previas las comprobaciones preceptivas- ampliarán la inscripción con la filiación paterna?

¿Cómo van a inscribirse los nacimientos de las madres menores de edad que precisan de complementar su capacidad legal conforme al Código Civil?

¿Cómo…?.

Respecto a las defunciones, lo importante es quien va a firmar las licencias de enterramiento / incineración.

La ley recoge que es ‘función indelegable’ del Encargado del Registro Civil que se desarrolla los 365 días del año y con carácter previo a la inscripción.

La comunicación de los Hospitales no puede ni debe sustituir esta función de acreditación, supervisión y control previo a la inscripción, máxime cuando la mayoría de los decesos no se producen en los hospitales o ¿es que nadie fallece en domicilios particulares, en las residencias de ancianos repartidas por todo el territorio nacional…….?

Quedan muchos temas de los que hablar y evidenciar las medias verdades o mentiras flagrantes que desde el Ministerio de Justicia se vienen trasladando a la sociedad española, a titulo de esquema valga lo siguiente,

NACIMIENTOS:

  • Anotaciones en Libros de Familia.
  • Actas de reconocimientos de filiación.

  • Emancipaciones.

  • Incapacidades.

  • Notas de referencia acerca del matrimonio y defunción.

  • Inscripción de nacimientos por adquisición de nacionalidad.

  • Cambios de nombre y/o apellidos.

  • Inscripciones de rectificación de error.

  • Inscripciones de mención de identidad.

  • Declaraciones con valor de simple presunción.

  • Apoderamientos voluntarios.

MATRIMONIOS:

  • Expedición de Libros de Familia.

-Inscripción de régimen matrimonial (capitulaciones matrimoniales).

  • Inscripción de separación o divorcio del matrimonio.
  • Referencia a cambios de nombre y/o apellidos en alguno de los contrayentes.

  • DEFUNCIONES:

    • Anotaciones de las mismas en Libros de Familia.

    -Expedición de certificados alusivos a las causas del fallecimiento.

    • Expedición de certificados acreditativos del alumbramiento de criaturas abortivas

    (esto último básico para la investigación acerca de los “bebés robados”).

    TUTELAS Y DEMÁS REPRESENTACIONES LEGALES:

    • Inscripciones tutelas.
  • Inscripciones de Patrimonio Protegido.

  • Nombramiento de tutor en caso de necesidad.

  • Expedición de certificaciones.

  • Posiblemente habrá algún acto o trámite que haya olvidado pero, básicamente, estos son los que se generan diariamente en cada sección.

    Existen asimismo multitud de EXPEDIENTES generados en virtud de las inscripciones o actos referidos anteriormente. Relacionemos algunos de ellos:

    • Inscripciones de nacimiento fuera de plazo.
  • Rectificaciones de error.

  • Declaraciones con valor de simple presunción.

  • Cambios de nombre.

  • Cambios o uniones de apellidos.

  • Inversiones de apellidos.

  • Cambio de sexo y nombre.

  • Mención de identidad.

  • Determinaciones de filiaciones.

  • Autorizaciones judiciales de reconocimientos de paternidad.

  • Certificados de nacionalidad.

  • Nacionalidad por residencia.

  • Inscripciones de nacimiento derivadas de opciones a la nacionalidad española.

  • Autorizaciones judiciales para nacionalidad por residencia.

  • Autorizaciones judiciales para opciones a la nacionalidad española.

  • Inscripciones de defunciones ocurridas en el extranjero.

  • Matrimonios Civiles.

  • Dispensa Matrimonial.

  • Capacidad Matrimonial.

  • Transcripciones de matrimonios al Registro Civil español.

  • MÁS INFORMACIÓN EN

    􀁸 Plataforma de afectados por la privatizacion del registro civil

    􀁸 http://privatizacionregistrocivil.tk/

     

     

    "registro civil; carta abierta a la ciudadanía"NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.

    ANTE LA INMINENTE PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL REGISTRO CIVIL Y SU ENTREGA A LOS REGISTRADORES MERCANTILES, los funcionarios de la administración de justicia destinados en los registros civiles de España CONVOCAMOS A TODA LA CIUDADANÍA A LA MANIFESTACIÓN que tendrá lugar EN MADRID el próximo DÍA ONCE DE ABRIL DE 2015. LA MANIFESTACIÓN PRINCIPIARÁ A LAS 12.00 HS EN LA PLAZA DE LA CIBELES, RECORRIENDO LAS CALLES DE LA VILLA, HASTA LA SEDE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN LA CALLE SAN BERNARDO. TU NO PUEDES FALTAR PARA DEFENDER EL MANTENIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL COMO UN SERVICIO PÚBLICO, GRATUITO, PRÓXIMO A LOS CIUDADANOS Y SERVIDO POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    ACUDE

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