Con el telón de fondo ideológico, el PP aprobó en febrero de 2012 una reforma que, según Fátima Báñez, “máxima consumidora de laca de este país que temía más a los jueces laboralistas que a los hombres de negro”, perseguía tres objetivos: crear ocupación, la promoción del trabajo estable y de calidad y la regulación de la flexibilidad interna.